discapacidad: burocracia en chile

Santiago de Chile, Julio 2008

*Por Alejandro Hernández

Y cuando ligamos estos dos conceptos, pensamos que bien podrían dar para escribir un libro, en un Chile cada vez más acostumbrado a las largas esperas y filas hasta para subir a un bus. Observemos a partir de estos, las eternas esperas que las personas con discapacidad y sus familias deben sortear para hacer valer sus derechos, las dificultades que existen a la hora de traspasar del papel a la práctica lo que indican las Leyes.

Es aquí donde constatamos la ineficacia de algunas políticas públicas, especialmente en su etapa ejecución y el estrés adicional que causan a los afectados-beneficiados. Mientras exista falta de capacitación en empatía, amor y discapacidad, que requieren la aplicación de programas específicos que busquen una transformación de conciencia, de visión y acción activa urgente en defensa de los derechos consagrados a nivel nacional e internacional.

Cabe destacar el esfuerzo que cientos de ONGs alrededor del mundo hemos puesto hace décadas, para lograr (más allá de la indiferencia endémica del mundo político) la promulgación de leyes concretas de carácter constitucional que buscan la inclusión del sector, basados en un profundo respeto por los derechos humanos. Destaco la acción de la Fundación Nacional de Discapacitados, organización no gubernamental que trabaja desde 1985, educando y proponiendo cambios en este sentido.

No obstante este esfuerzo, en medio del acelerado ritmo de las grandes capitales e incluso el lento andar de las pequeñas ciudades, pueblos y localidades, las personas con discapacidad y sus familias siguen estando marginadas, excluidas en medio del ruido citadino. Incluso con el paso del tiempo y más allá de los avances que las organizaciones de la sociedad civil estamos logrando plasmar hace tiempo como leyes de la república.

Mal concepto y raciocinio aquel que pretende hacer de este desafío en el ámbito de los Derechos Humanos, un ahorro de dineros, pues ¿Quién puede decir yo no tengo nada que ver con este tema?, porque la frase constante es “No hay recursos” o “Es lo que hay”, seguro que es más lo que hay. Y aunque en nuestras familias, todos seamos jóvenes y atléticos y no existan las necesidades transversales de un niño, joven o adulto con discapacidad, tarde o temprano estaremos cruzando la vejez, tan vinculada a este tema.

La ineficacia en la implementación y ejecución de las leyes por parte de los Estados, en áreas como la accesibilidad al entorno físico y el transporte, salud, rehabilitación, trabajo y previsión social (solo por nombrar algunos), dejan en evidencia la poca capacidad de visión a largo plazo que existe y la miopía social imperante.

En América Latina estamos frente a una administración de Estado, cuya acción reactiva e inexperta en aspectos fundamentales, vulnera los derechos de más de 90 millones de personas que presentan algún tipo o grado de discapacidad en la región, lo cual genera sociedades limitadas.

Situaciones como las que viven por ejemplo los niños discapacitados y sus padres en Chile, al intentar acceder a la importación de aparatos ortopédicos específicos, dejan en evidencia las enormes “falencias silenciosas” y graves, que dañan no solo la dignidad de quienes viven la poco grata experiencia de querer hacer valer sus derechos, sino que además el agravamiento de las limitaciones sociales y de salud pública que ellos intentan controlar y/o superar. Aquí nos encontramos con una de las grandes barreras sociales: La burocracia.

Un ejemplo de acción amateur en el ámbito de la discapacidad, son las sillas de ruedas hechizas, con sillas plásticas de “coca cola”, las cuales se “acondicionan” con fierros y ruedas y luego (lo más insólito) se reparten a través de municipios y consultorios de salud. Se supone que el Estado es el encargado de brindar elementos ortopédicos a la población y para esto hay sendos fondos estatales. ¿Dónde están esos recursos entonces?.

Los Municipios y oficinas públicas dedicados al tema de la salud, son quienes tienen el deber de asignar atención en salud, sillas de ruedas, bastones, audífonos y aparatos ortopédicos de calidad a los ciudadanos con discapacidad que lo requieran. Este tipo de ahorro resulta injustificable e impresentable en el concierto internacional.

Un vivo ejemplo de los problemas que deben enfrentar las personas con discapacidad para disfrutar de los beneficios que la Ley chilena les confiere, lo vive Catalina, una niña que porta un severo daño cerebral que ha hecho necesario la importación de una silla de ruedas neurológica. Sus padres deseaban importar el producto que necesitaba su hija, acogiéndose al beneficio legal que libera los impuestos aduaneros. Cabe señalar que este caso fue seguido por un canal de televisión chileno.
Veamos como la falta de información y las limitaciones burocráticas del Estado, se   hacen patente ahora afectando a Catalina, dejando en evidencia la falta de empatía y educación en materia de discapacidad e integración.

La ruta de la discapacidad de mano de la burocracia

El primer trámite para importar la silla neurológica, de acuerdo a la ley 19.284 para la plena integración de las personas con discapacidad, es acudir al COMPIN (Comisión Médica Preventiva y de Invalidez), en el caso de esta niña, correspondiente al Servicio de Salud de la comuna de Providencia. La primera dificultad es que se hace necesario llevar personalmente a Catalina para certificar su nivel de discapacidad.

Tras pasar por las congestionadas y poco gratas oficinas del COMPIN y esperar en una larga fila (donde no existe preferencia alguna). Andrea, la madre de Catalina, consigue el certificado que evacua esta oficina. Ahora deben dirigirse al Fonadis (Fondo Nacional de la Discapacidad), en plena calle Huérfanos, un paseo peatonal del centro de Santiago.

En la calle Teatinos, nuevamente sus padres debe bajar a Catalina de un auto, sacar la silla de la maleta, armarla e intentar conducir a su hija entre apurados peatones y maltrechas veredas.

Al interior de las dependencias de Fonadis, Andrea recibe una mala noticia: con todos los antecedentes que ha reunido en su "paseo" por las dependencias públicas, debe dirigirse ahora a la Tesorería General de la República (otra dependencia gubernamental) y ahí recién iniciar el trámite de la exención arancelaria.

Entre tanta burocracia, los importantes beneficios de los que habla la Ley 19.284 de Discapacidad (y por los cuales tanto se ha luchado) ya no tienen en la etapa ejecutoria, interlocutores públicos válidos para su aplicación. A las dos de la tarde, ni Catalina ni sus padres han comido, se ven cansados y, para completar el panorama burocrático, le dicen a Andrea que el certificado del COMPIN “no sirve”.
Después de toda la mañana golpeando puertas, no logran conseguir el beneficio que libera los impuestos aduaneros y la silla neurológica debe seguir esperando, no obstante los titánicos esfuerzos de la familia de la niña con discapacidad.

Y hay más burocracia…

El 6 por ciento de impuestos aduaneros que son liberados por la Ley de Discapacidad es mucho menos de lo que después, por ejemplo, cobrará un agente de aduanas por sacar la silla del aeropuerto, lo cual deja en evidencia un vacío legal en la ley, que debería eliminar todo impuesto y cobro aduanero a este tipo de aparatos, que no son elementos suntuarios, sino de primerísima necesidad para el sector más vulnerado de nuestra sociedad.

Esta historia no es aislada y se repite de norte a sur del país.

Fernando Latorre es kinesiólogo de un centro especializado y reconoce que la historia de Andrea se multiplica. "Las veces que hemos intentado traer por vía courier, hemos tenido que pagar importación y a un agente de aduanas casi más allá del precio que nos costó", sentencia.

Pero esta no es el único vacío de la ley. Por ejemplo, si Andrea quisiera importar un auto especial para transportar a Catalina y aprovechar los beneficios legales, simplemente no puede, porque tiene que hacerlo la persona con discapacidad, algo que señala claramente la citada norma y que denota nuevamente la falta de empatía, pues muchas personas con discapacidad no pueden conducir y es el padre, la madre u otro familiar el que les acompaña a diario, haciendo eternos los gastos en taxis o colectivos.

La Fundación Nacional de Discapacitados viene educando y proponiendo avances en la legislación chilena, con el fin de que los parlamentarios aprueben los proyectos de ley que están en tramitación en el Senado de la República. Proponemos hoy la eliminación de los impuestos para elementos ortopédicos, sillas de ruedas y vehículos especiales, como así también que la incorporación en la ley 19.284 de un artículo que le permita a los familiares más cercanos, importar un vehículo acondicionado, con el fin de poder trasladarlos.

La acción de la Fundación busca mejorar la calidad de vida para las personas con discapacidad, permitiéndoles el acceso expedito a sus derechos humanos, a través de trámites más fáciles y sencillos para poder hacer efectivo lo que indican las normativas nacionales e internacionales, que velan por la protección de los derechos fundamentales del sector. En el fondo hacer vida la ley, sin trámites ni papeleos infinitos.

 

*Alejandro Hernández es Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados.
Expereto en Discapacidad. Mail: fundacion@fnd.cl

*Fuente: Canal 13 www.canal13.cl

 

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